Buenos Aires. Las negociaciones en curso entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han provocado protestas masivas por parte de los movimientos sociales. Los manifestantes en la capital, Buenos Aires, exigieron esta semana el cese total de los reembolsos mientras el gobierno intenta reembolsar los préstamos a largo plazo del FMI.
El llamado a protestas el martes dijo que un acuerdo nuevo y enmendado con el FMI conduciría a salarios más bajos, mayor riesgo y mayor pobreza. Se recordará que el expresidente Mauricio Macri, quien inició el acuerdo con el FMI, declaró públicamente recientemente que terminaba principalmente a favor de la banca privada (USA 21). Reportado)
Los recurrentes temen que un acuerdo a largo plazo con el FMI empeore la situación social en las próximas décadas. La verdadera culpa de los gobiernos argentinos es del “pueblo”, no del FMI. Sin embargo, la presión de las calles también podría llevar al gobierno a una mejor negociación con el FMI.
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En la cumbre del G20 en Roma a fines de octubre, el presidente Alberto Fernández y la directora del FMI, Kristalina Georgieva, discutieron una posible renegociación. Esta semana, Fernández se reunió con su ministro de Asuntos Económicos, Martín Guzmán, el presidente de gabinete, Juan Mansour, y el embajador de Estados Unidos, Jorge Arcuello. Se prevé negociar las condiciones más favorables para el gobierno argentino en Washington con el mayor donante del FMI en las próximas semanas.
El gobierno de Fernández apunta a duplicar el plazo de amortización a 20 años, entre otras cosas. Actualmente, la oferta del Fondo Monetario Internacional no es viable. Según informes de los medios, quieren insistir en devolver el préstamo en diez años. Los mayores donantes del FMI temen dar un ejemplo para que otros países paguen su deuda.
Argentina atraviesa desde hace muchos años una grave crisis económica que afecta a muchos sectores sociales. El pesado legado de la deuda del FMI del gobierno anterior se ve agravado por la epidemia de la corona. El actual gobierno de izquierda espera que la renegociación alivie un poco más a la nación sudamericana, eliminando así el riesgo de default.
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